domingo, 17 de diciembre de 2023

LA OBLIGACION DE LA SOCIEDAD ARGENTINA FRENTE A LA ESPERANZA

Por Gerardo Vega  y Alfredo Popritkin 


La sociedad argentina concurrió a las urnas, y por mayoría de votos eligió un gobernante; las razones que impulsaron ese voto será tarea de sociólogos, pero, es un hecho, Argentina desde el 10 de diciembre de 1983 tiene un nuevo presidente. La primera semana llegó a su fin, las medidas son numerosas, y repercuten en todas las personas y los ámbitos del quehacer cotidiano. La incógnita aflora ¿Serán las correctas? Solo el tiempo tiene la repuesta. La intención, siguiendo el discurso presidencial, debe descontársela que se trata de hacer lo mejor.

La sociedad vive en la actualidad una esperanza y le ha otorgado al Gobierno, en una Argentina devastada, el único capital que posee, la credibilidad. Este capital el gobierno lo deberá cuidar con el máximo esmero, porque el resquebrajamiento, propiciará que los fantasmas del pasado que se trataron de alejar mediante ese voto, puedan volver, y, si algo no debe suceder en la Argentina, es interrumpir los procesos de restauración, la experiencia del último retorno demostró las consecuencias negativas que reportó para la sociedad, y, porque, además, cada periodo negativo, significará, que para la recuperación se requerirá más y más sacrificio.

Las impericias de las gobernanzas las paga la sociedad; cualquier expresión en contrario es un eufemismo. Por esa razón pregonamos, que se debe alentar esperanza; pero, también se debe estar alerta, aportar, porque los gobiernos pueden hacer, pero ese hacer será en beneficio de la sociedad, si la sociedad controla. ARISTOTELES decía “el ser humano, cuando alcanza su perfección es el mejor de los animales, así también, fuera de la ley y la justicia es el peor de todos”. HAMILTON, en el Federalista, sostuvo que “…los hombres son ambiciosos, vengativos y rapaces”. Estas apreciaciones ameritan agregar las expresiones de MONTESQUIEU sobre el control al ejercicio del poder “Uno solo, sin ley y sin regla, conduce todo por su voluntad y su capricho” e indica como premisa “todo hombre que tiene poder siente la inclinación de abusar, yendo hasta donde encuentra límites”.

Estas expresiones muestran la necesidad del control, ahora cabe preguntarse ¿Alcanzan los esquemas de control político previstos por la Constitución? Sin duda, la experiencia ha demostrado que no han tenido la eficiencia deseada por los constituyentes, las razones son varias.

Por lo tanto, las citas y la experiencia que ha tenido la sociedad argentina, lleva a que ha llegado quizás la “hora de la sociedad”, que la sociedad despierte, se ocupe y se preocupe, por cada acto de gobierno. Por lo menos hasta que se logre que las instituciones funcionen adecuadamente.

Los actos, las acciones y hasta las omisiones gubernamentales, deben ser razonables, reflejar la realidad, respetar la progresividad humanista, impulsar políticas activas de desarrollo económico humanista sustentable y sostenible, respetar la ley y las instituciones; porque cuando Argentina transitó el camino de progreso guiada por estos conceptos llegó a ubicarse privilegiadamente en el concierto de las naciones, era una potencia económica, era tierra prometida para todos aquellos que quisieron venir a habitar el suelo argentino, era un faro de cultura y educación.

Esta última apreciación seguramente es el deseo de todos aquellos argentinos bienintencionados; sin embargo, las dificultades que se afrontan son numerosas, la restauración será larga, será ladrillo a ladrillo, mojada por la traspiración del sacrificio, y siempre, bajo la amenaza de aquellos que, perdieron o perderán sus privilegios, también, es cierto, está el riesgo que representan los lobos que se han puesto “piel de oveja” y subyacen al acecho o se tratan de infiltrar como siempre ha sucedido en gobiernos que tienen por meta el orden y la ley.

Estas realidades no se pueden ocultar, el gobierno entrante lo sabe, quizás este próximo las primeras pruebas serias, por ahora solo se escuchan o leen comentarios críticos apocalípticos.
La descripción lleva a bregar y difundir la importancia que tiene la sociedad y la mayoría compuesta por los integrantes que, han escrito el “nunca más”, a los desvaríos insensatos, a las apropiaciones indebidas, a las detracciones de fondos, obrares estos, que más allá de su eventual ilegalidad, provocaron agravios a derechos esenciales de las personas, como salud, alimentación, seguridad, educación.

La realidad argentina marca que la sociedad debe consustanciarse que existen temas graves y trascedente socialmente, pero, y quizás, por las consecuencias, tenga mayor gravedad, temas menores, y no tan trascendente socialmente, pero, que afectan más a las personas, incluso provocándole daños o perjuicios irreparables, la falta de luz para un vulnerable, por caso, el adulto mayor, puede ponerle fin a su vida. Esas realidades en la Argentina, y en las gobernanzas anteriores, no ha sido prioridad.

La sociedad hoy debe ocuparse y preocuparse. El orden jurídico y la jurisprudencia la dotaron de los medios para poder hacerlo, ya hubo acontecimientos, donde la ciudadanía, individual, o mediante ONG, actuó y alcanzó resultados exitosos, porque las normativas o acciones de gubernamentales fueron modificadas por la sociedad.

Este ideario se inscribe en el lema “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, porque las aplicaciones sesgada u oblicua de la ley provocaron numerosos desvíos o retardos, y han significado para las sociedades, no solo soportar los perjuicios de esos inadecuados reprochables y hasta ilegales obrares (así lo indican los fallos de la justicia); sino hoy, están sujeto al costo de la reparación o restauración que aquellos daños y perjuicios provocaron.

La sociedad no debe distraerse, debe estar atenta, es cierto, las urgencias del quehacer diario y el estado de la crisis no facilita las acciones que muchas personas quisieran realizar, pero, la realidad actual de la sociedad muestra el surgimiento de las ONG, y estas deben presentarse a la sociedad, y difundir que son receptoras de esas acciones, que tiendan a la restauración o reparación.

Las ONG, por la calidad cognoscitiva y humana de los integrantes, en particular, cuando actúan efectivamente en nombre de los intereses legítimos de la sociedad, son el medio conducente y más adecuado para expresarse los ciudadanos, que por si no pueden hacerlo.

La importancia de este accionar es una consecuencia, que la Argentina, por la complejidad de la crisis que atraviesa, existe riesgo de la gobernanza actual a cometer error, incluso y pese a mostrar transparencia; las mayorías de las medidas no son de aplicación inmediata, lo cual posibilita a las ONG estudiarla, y si se detectaran deficiencias, es su obligación señalar las mismas para su corrección.

Este accionar correctivos constructivos tiene varias consecuencias, uno, evitar aplicar normas equivocas y sus efectos negativos; otro, la sociedad contrae la obligación de participar efectivamente en la restauración nacional; tercero, asumir el rol que significa la responsabilidad solidaria social; cuarto, afirmar la seguridad jurídica, porque las normas que se aplican no ocasionarán agravios, darán certeza y serán legítimas; y finalmente, el gobierno preservará ese bien tan preciado que es la credibilidad.

La Argentina está frente al desafío que es su restauración; el gobierno podrá hacer mucho o poco, pero, seguramente hará mucho si cuenta con la colaboración de la sociedad y de sus integrantes; el gobierno está sujeto a riesgo de quienes detestan el triunfo de la democracia y la República, porque saben que en la sociedad surge con fuerza un nuevo “nunca más”. Por ello, todos los argentinos bienintencionados y las ONG, tienen la obligación, ineludible y ahora, de asumir el deber de colaborar, de aportar, la Argentina será lo que todo queremos, si cada uno desde su lugar aporta su grano de arena.

sábado, 8 de mayo de 2021

Criptomonedas y Lavado de dinero

#Narcotráfico y #LavadoDeDinero
#OperaciónBovinasBlancas

Primer antecedente jurisprudencial de lavado de dinero con #criptomonedas

En cada operación se recibió #bitcoins, se los transformó y entregó en dólares estadounidenses en al menos cinco fechas diferentes, actuando con diferentes sujetos, más allá de que todos integraban la misma banda criminal.

En su alegato, el fiscal González Da Silva detalló la estructura de la organización y cómo se ejecutaban las distintas maniobras para encubrir el tráfico internacional de estupefacientes y para inyectar en el mercado legal el dinero que provenía del narcotráfico. Afirmó que los mexicanos daban las órdenes a los hermanos Cuello y a Martino, en tanto que García se comunicaba de manera directa con el máximo jefe de la organización, un hombre al que llamaban “el licenciado” que operaba desde el exterior.

Según publicó el Ministerio Público Fiscal en su portal de noticias, los mexicanos Rodríguez Córdova, Acevedo Villanueva y Madrigal Vargas viajaron al país para acondicionar la droga para su contrabando (los panes de cocaína iban colocados dentro de grandes bobinas de tipo eléctrico) y para decidir cuándo y bajo qué forma se haría el tráfico. Los hermanos Cuello, que operaban en Mendoza, administraban los galpones donde se guardaba la droga y proveían el transporte a los traficantes mexicanos.

En cuanto a Amílcar Darío Martino, involucrado en el tráfico de drogas desde Quequén, era el gerente general de la empresa “Can Trade Connections” -dirigida por un canadiense y con sedes operativas en México, Canadá, Reino Unido, España y la Argentina-, encargada en la importación de equipos y máquinas usados para acondicionar los estupefacientes para el contrabando. El fiscal lo acusó de ser “el encargado del traslado de la mercadería a Bahía Blanca y de realizar los trámites de exportación de las bobinas de acero que actuaban como pantalla para el traslado de cocaína”.

El fiscal consideró que, además de tratarse del “mayor secuestro de estupefacientes en el país sobre una organización internacional dedicada al narcotráfico” la importancia de este juicio radica en que se trata del primer antecedente jurisprudencial de lavado de dinero con criptomonedas.

Ante el tribunal integrado por los jueces Pablo Candisano Mera, Pablo Larriera y Pablo Díaz Lacava, el fiscal remarcó que García, acusado de lavado de dinero, no actuó de manera accesoria a la banda, sino que “puso a disposición sus conocimientos y recursos para transferir los bienes en dinero efectivo para dárselos a los ciudadanos mexicanos con el objetivo de financiar el armado criminal”.

En ese sentido destacó que “cada transacción se pensó, se pactó, se dio inicio y se concretó de manera independiente a cada una de ellas, para cambiar bitcoins y seguir financiando a la banda que operaba en la Argentina”.
“En las distintas operaciones, García recibió bitcoins, los transformó y los entregó en dólares estadounidenses en al menos cinco fechas diferentes, actuando en diversas ocasiones con diferentes sujetos, más allá de que todos integraban la misma banda criminal”, acusó González Da Silva.

Y agregó que “cada una de estas operaciones conservaban su individualidad y ninguna de ellas estaba sujeta o condicionada a una operación anterior o posterior, más allá de que se observó una mecánica y modalidad común”.

El mercado de criptomonedas

El fiscal resaltó la dificultad del seguimiento de los registros comerciales en el mercado de las criptomonedas y precisó que el imputado nunca colaboró ni aportó sus billeteras digitales para que se pudieran examinar las distintas transacciones ejecutadas.

“La cadena de bloques es una suerte de ‘matrix’ planetaria descentralizada, donde quedan registradas de manera inalterable todas las operaciones con bitcoins en forma pública, pero que no almacena ni nombres, ni direcciones IP, ni documentos de identidad, ni números de teléfonos [...] por lo que es difícil llegar de otra forma a su conocimiento, ya que además hay sistemas para interferir y hacer desaparecer la trazabilidad de las operaciones”.

En cuanto a la actitud del acusado, expresó que a García “no le preocupaba que las operaciones en las que intervenía estuviese vinculada con bienes ilícitos o que estuvieran ‘manchados con sangre’: solo le importaba si le afectaba la wallet [monedero virtual] y que no lo estafaran a él”.

lunes, 5 de octubre de 2020

El peritaje sobre el dólar futuro




Un cuestionario pericial incompleto que no va al meollo de las sospechas, nunca puede arribar a conclusiones determinantes.

En un tema tan delicado, las cuestiones de forma son importantes. Si bien los contadores y los economistas pertenecen a un tronco común, que son las ciencias económicas, lo cierto es que unos y otros tienen conocimientos y competencias bien diferenciadas. 

Pese que el tribunal ordenó un informe que abarcó solo la materia contable, el Banco Central designó dos economistas para interactuar con cuatro contadores. Esos economistas no están habilitados para intervenir ni dictaminar sobre cuestiones contables, debieron excusarse.

Pero tampoco los peritos del BCRA deberían haber actuado como tales, pues por ser funcionarios, carecen de independencia para opinar respecto de su empleador y de sus integrantes. Ellos tienen amenazada su fuente de trabajo e incide en sus conclusiones. Existen antecedentes de funcionarios sumariados por dictaminar contra su empleador en casos penales.

Lo cierto es que el tema en cuestión, los contratos de dólar futuro, comprenden asuntos de neto corte económico, y ello dirige la mirada hacia los magistrados que ordenaron equivocadamente una pericia de exclusiva naturaleza contable, cuando debió designarse una comisión interdisciplinaria, con un adecuado cuestionario pericial, combinando las dos incumbencias.

Veamos qué ocurrió en el peritaje: por ordenarse solo en materia contable y haberlo realizado peritos oficiales, solo contadores, se debieron omitir los puntos referidos a temas económicos. Los peritos solo respondieron sobre el balance y la contabilidad del BCRA. Ello no es una cuestión de forma. Esta situación ha provocado que la pesquisa resulte incompleta, pues el peritaje realizado es insuficiente para que los magistrados cuenten con pruebas técnicas apropiadas: faltan las preguntas y por ende las respuestas que establezcan el impacto en el mercado, con indicación de sectores de la economía, personas o empresas de ese mercado, que se vieron beneficiados, se debió realizar un seguimiento del dinero hasta llegar a su destino final. Era necesario que quienes hagan esa tarea posean conocimientos del campo monetario y cambiario, conozcan de comercio exterior y que dirijan sus conclusiones mediante respuestas a esa clase de preguntas. Nada de esto pasó en el peritaje recientemente presentado.

Es insuficiente la participación de los economistas expertos del BCRA, debieron haber intervenido economistas oficiales o de oficio y realizar un peritaje económico contable.

Zanjada esta cuestión, podemos referirnos al tema de fondo: ¿hubo o no irregularidades en la operatoria de dólar futuro, realizada durante el último trimestre del año 2015?

El peritaje se sustenta en cuestiones técnicas de la gerencia del BCRA, al decir que las emisiones o contratos de futuro por celebrar fueron recomendadas por los niveles intermedios. No lo dicen los peritos por su propia convicción.

En la pericia se atribuye el gran impacto negativo de la operatoria, a la devaluación del 40% decidida por el gobierno siguiente. Se conjuga y subsume la pérdida de 52.400 miles de millones de pesos, al decir que los resultados finales de los ejercicios anuales, fueron positivos. Se justifica la decisión de lanzar esta operatoria, al decir que los activos en divisas cubrían con creces el pasivo contable constituido por la base monetaria adicionada por la operatoria de dólar futuro.

Qué tenemos entonces. Contamos con un peritaje que no ahondó en rastrear los posibles involucrados porque los jueces no lo solicitaron; que no se ha realizado el seguimiento del dinero y que desconoce la identidad de los beneficiarios finales. Un peritaje adecuado hubiere reunido esta información clave, para así descartar o corroborar las sospechas delictivas.

Esa investigación sobre quién se benefició con los contratos a futuro podía tener lugar en la causa denominada “Dólar Futuro II”, cuyo devenir resulta ser incierto.

Tampoco podemos ignorar que las decisiones económicas adoptadas por las autoridades del Banco Central son, en principio, medidas de política económica, alejadas del ámbito de juzgamiento criminal, siempre y cuando no formen parte de un plan para beneficiar indebidamente a determinadas personas, en perjuicio del Banco Central y en definitiva, al Estado Nacional.

jueves, 24 de septiembre de 2020

"Cómo seguir la ruta del dinero": con este título se realizará un seminario para periodistas, contadores y abogados

Frecuentemente los periodistas acceden a información u obtienen documentos que puede ser el inicio de una noticia, pero que requieren su interpretación y convalidación por un experto.

Es así que desde hace muchos años y en innumerables ocasiones, muchos periodistas recurren a contadores forenses, en búsqueda de ayuda. Mirá, acá te lo cuento:

Expositor: Alfredo Popritkin, contador forense

Comentan: Mariel Fitz Patrick y Germán de los Santos, periodistas

Fecha: 7 de Octubre de 2020, a las 11 horas

Se trasmitirá por YouTube: inscripciones aquí clic https://forms.gle/bUnPcYPyfuhfgWG16

viernes, 21 de agosto de 2020

Experiencias Periciales: este es un evento gratuito organizado en forma conjunta por "Contadores Forenses ONG" y "APECE", agrupación de Peritos y Síndicos graduados en Ciencias Económicos

Una docena de los mayores expertos en temas jurídico empresariales, con experiencia forense, desde la mirada de los abogados y los contadores públicos, brindarán una serie de conferencias cortas, con participación activa de los asistentes.

Fecha y sistema remoto

Lunes 31 de agosto de 2020 y Martes 1º de Setiembre de 2020 de 17 a 19 horas.

El evento se trasmitirá por vía remota y el acceso de los interesados será vía YouTube, por donde podrán formular las preguntas que deseen en relación a los temas de exposición.

Clic para inscripción

domingo, 12 de julio de 2020

Caso Vicentin: comienza la investigación penal. Deberá realizarse una pericia contable.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió la inhibición general de bienes del distintos ex funcionarios del Banco de la Nación Argentina en la causa en que se investigan presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos acordados en el período previo a la presentación de la empresa en concurso preventivo.