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| Revista Veintitrés - 26 Abr 2012 |
Los perjuicios por delitos económicos que sufren las
empresas se calculan en el 5% de los valores de las ventas totales. Son sumas
enormes que en su mayor parte las empresas las desconoce, pues quedan ocultan
en sus balances.
Los daños resultan mayores aún cuando se trata de delitos
reiterados cuya acumulación pueden poner en peligro la de la empresa.
Cuando los investigadores de fraudes realizamos nuestra
tarea, las compañías no dejan de sorprenderse de las sumas que pierden por los
fraudes que no lograban detectar, la magnitud de los daños puede llegar a cifras
insospechadas.
La creatividad no tiene límites y son muchas las formas
delictivas que se descubren, que en su mayoría se encuentran reprimidas en el
Código Penal, con penas de prisión que llegan a los 6 años cuando se trata de
fraudes de administración fraudulenta, vaciamiento de empresa o quiebra, o
hasta 2 años de prisión cuando se trata de balances o estados financieros falsos.
Un caso paradigmático de las últimas semanas se relaciona a
las sospechas de manejos irregulares en la petrolera YPF, que llevó a la
separación de sus directores y gerentes. A ello se le sumaron medidas
tendientes a resguardar la continuidad operativa de la empresa para asegurar el
aprovisionamiento de combustibles y gas.
Los fraudes y las crisis se encuentran íntimamente ligados,
pues la envergadura de los delitos que se cometen en algunas empresas las hacen
tambalear y en ocasiones hasta las ponen al borde de desaparecer.
También se registran de países en crisis o hasta regiones
con economías empresarias afectadas, que son caldo de cultivo para la proliferación de toda clase de delitos,
que se agudizan cuando los controles comienzan a relajarse. EEUU y Europa
vienen transitando este camino.
