Lavado de dinero en fraude a la administración pública

Juan Intelisano era funcionario en el ministerio de Economía. Y fue procesado por haber autorizado un pago de $ 54 millones a un grupo de aseguradoras que le habían reclamado esa cifra a la ex Caja Nacional de Ahorro y Seguros que fue privatizada en los 90. Intelisano, que era subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía liberó esos millones en 2007 y por eso fue procesado en junio de 2010 por el juez federal Sergio Torres junto a otros ex funcionarios y a los empresarios que participaron de la maniobra fraudulenta y millonaria.

La Sala I de la Cámara Federal porteñaconfirmó en diciembre de 2010 la decisión del juez que había procesado a Intelisano quien fue suspendido para ejercer su cargo.

Pero Torres no se quedó allí: después del procesamiento se siguió la ruta del dinero para determinar cómo fueron las maniobras de lavado que permitieron a los involucrados en el caso, hacerse con los billetes contantes y sonantes. La investigación comenzó a partir de las tres cuentas bancarias en las que se depositaron los 54 millones: en la de Jorge Enrique Rodríguez ingresaron 9,1 millones, en la Darío Morresi, 5,3 millones y en la de Jorge Pallavicino 39 millones.

La investigación revela que el entramado en el lavado de dinero tiene varios pasos. La cifra millonaria fue fraccionada, convertida en efectivo y luego nuevamente reunida, a través de sociedades uruguayas, sociedades de bolsa, mutuales, firmas cerealeras y agropecuarias, una cooperativa de vivienda, crédito y consumo, una empresa de transporte y otras compañías que, como dice la resolución firmada por Torres, en diciembre pasado, “realizaron operaciones carentes de propósito comercial”.

Por ejemplo, de una de las cuentas salieron 17 cheques correlativos de 500 mil pesos cada uno y uno más de 276 mil pesos hasta alcanzar la suma de 8,7 millones. Con el dinero depositado en la segunda cuenta sucedió algo similar se emitieron 11 cheques correlativos y por 500 mil pesos. Los 39 millones que se depositaron en la tercera cuenta fueron sacados del país mediante una operación de compra venta de bonos y en el exterior ese monto fue cobrado por uno de los empresarios procesados.

El caso comenzó con una denuncia realizada por el ex fiscal, hoy diputado radical, Manuel Garrido. Intervino también el ex fiscal antilavado Raúl Pleé y la Unidad de Información Financiera, fue querellante en la causa. A partir de haber seguido los rastros que dejan las transferencias Torres procesó por lavado de dinero a una docena de personas a los que embargó. Pero también les trabó millonarios embargos a las empresas que participaron de la maniobra para lavar el dinero obtenido en la estafa al Estado. No se descarta que en la maniobra hayan participado funcionarios más importantes que Intelisano.

Fuente: Clarín