El banco británico Barclays ha aceptado pagar 200 millones de dólares en Estados Unidos en concepto de sanción civil por haber manipulado y presentado informes falsos que afectaron al cálculo de los tipos de referencia del mercado interbancario Libor y Euribor.
Según la Comisión reguladora estadounidense del mercado de opciones y futuros, Barclays manipuló estos tipos, que se usan como referencia para los préstamos hipotecarios y de consumo, y realizó falsos informes "para beneficiar sus posiciones en el mercado de derivados". Se señala que Barclays realizó mala praxis "con regularidad" desde 2005 y durante un período de cuatro años.
Los tipos Libor y Euribor son calculados a partir de los datos suministrados diariamente por una muestra de bancos comerciales.
El organismo estadounidense asegura que los operadores de Barclays "pidieron ayuda a otros bancos para manipular el Euribor".
La comisión descubrió que durante la crisis financiera mundial, entre finales de agosto de 2007 y principios de 2009, a petición de la dirección de Barclays, el banco presentó periódicamente datos para el Libor "artificialmente bajos" para proteger la posición del banco frente a las corrientes negativas del mercado y la percepción de la prensa de la situación financiera de la entidad. dos.
El escándalo de las manipulaciones de los tipos de interés interbancarios en Reino Unido ya se ha cobrado su primera víctima de peso, el propio presidente de Barclays, Marcus Agius, que ha presentado su dimisión y ha pedido disculpas públicamente. "Realmente siento mucho haber defraudado a nuestros clientes, empleados y accionistas. Barclays está lleno de gente trabajadora, talentosa, cuya integridad no es cuestionada", ha remarcado. Sin embargo, el que aún no ha dimitido es el consejero delegado, al que muchos señalan como uno de los culpables de las prácticas criminales de la entidad.
Otros bancos británicos están siendo investigados por ese caso de manipulación de las tasas, entre ellos el parcialmente nacionalizado Royal Bank of Scotland (RBS), propiedad del Estado en un 84%.
