La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó el procesamiento de cinco personas imputadas por el delito de asociación ilícita fiscal y ahora la causa está camino al juicio oral. Los procesados utilizaban dos sociedades pantalla para simular la compra de cereal en negro y evadir el pago de tributos.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el procesamiento ordenado por el juzgado federal de Necochea contra cinco personas. Todos ellos fueron considerados autores del delito de asociación ilícita tributaria -artículo 15 inciso c de la Ley 24.769-; los primeros dos, en calidad de jefes organizadores, con una pena de 5 a 10 años de prisión y debiendo pagar 100 mil pesos en concepto de responsabilidad civil. En cambio, los otros tres serán pasibles de una pena de 3 años y 6 meses a 10 años de prisión y deberán pagar 50 mil pesos por responsabilidad civil.
La contadora de los acusados, Patricia Pacciaroni, fue sobreseída por el juzgado pero luego la Cámara revocó esa decisión por falta de mérito, quedando pendiente su procesamiento.
Las irregularidades comenzaron a ser sospechadas cuando se advirtieron aumentos exorbitantes en las ganancias de las empresas, que en 2007 registraban un balance de 1 millón de pesos y en 2008, pasó a tener uno de 9 millones de pesos.
A partir de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) presentado por la AFIP se supo que los nueve proveedores con los que operaba comercialmente, se encontraban incluidos en la base E-Apoc como fiscalización terminada, por su falta de capacidad económica para realizar operaciones.
Luego también se detectó que los cheques emitidos por las sociedades para pagar a estos proveedores eran cobrados por el personal de la misma empresa que los emitía. Es decir, que se trataba de operaciones simuladas, mientras las verdaderas operaciones a los productores de cereales se realizaban sin ser declaradas, dice el expediente.
Las dos firmas operaban del mismo modo: adquirían cereal “en negro” a productores locales -que aún no han podido ser identificados- y luego lo vendían a distintas firmas exportadoras a un precio mucho menor, evadiendo así el debido pago de impuestos.
El organismo recaudador informó además que ambas firmas estaban integradas por la misma contadora y que compartían una oficina administrativa.
Otra irregularidad en su actividad comercial surgió al momento de corroborar los servicios de transporte que figuraban como contratados para llevar el cereal facturado por el proveedor hacia la planta de las empresas. Cuando fueron interrogados sobre los traslados realizados, los transportistas desconocieron haber prestado los servicios que figuraban en los documentos de las sociedades, revela el expediente.
El fiscal a cargo de la fiscalía federal de Necochea, fue quien ordenó la realización de tareas de inteligencia para profundizar los informes brindados por la AFIP. Así, los elementos de prueba presentados inicialmente por el organismo, fueron corroborados por las medidas ordenadas por el fiscal, que incluyeron allanamientos, escuchas telefónicas y declaraciones testimoniales.
En el allanamiento realizado a la oficina que comparten las dos sociedades, se secuestró documental perteneciente a los supuestos proveedores apócrifos, entre las cuales se encontraron libros de bancos, contratos sociales, inscripciones impositivas y sellos de goma con el nombre de las empresas proveedoras.
Repasando la investigación impulsada por el fiscal Portela, los camaristas dijeron que la maniobra desplegada por la asociación ilícita “fue ideada desde un principio para asegurar que los verdaderos productores no sean identificados, y de esta forma mejorar sensiblemente su situación financiera”. Por ese motivo los productores, si bien aún no han sido identificados, serán considerados como parte del ilícito, dice el fallo.
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