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La experiencia señala que cuando se realizan investigaciones por delitos económicos de alto voltaje político, los procesos judiciales se pueden ver alterados.
Esto ocurrió en el año 2009 cuando se investigaba el patrimonio de los presidentes Kirchner. Por entonces el juez, los fiscales y peritos se vieron envueltos en situaciones que pusieron seriamente en duda la sentencia.
Por ello el caso fue muy comentado y el juez Norberto Oyarbide fue acusado ante el Consejo de la Magistratura por su desempeño irregular.
El año pasado se inició una investigación sobre el patrimonio del vicepresidente Amado Boudou. Luego de las primeras medidas realizadas y las claras señales de haber hallado pruebas comprometedoras, a instancias del funcionario sospechado, debió renunciar el Procurador General de la Nación Esteban Righi y resultaron separados del cargo el juez Daniel Rafecas y el Fiscal Carlos Rívolo.
Lo cierto es que un año y medio después de iniciada la causa se ordenó realizar una pericia contable, que fue cuestionada por el imputado, antes de comenzar. Además, se pronostica un trámite pericial desbalanceado, que seguramente contará con importantes peritos de la defensa y con una Fiscalía que no dispone de apoyo técnico de significación, pues la Procuradora Gils Carbó aún no realizó las designaciones prometidas al conformar la Procelac.
En la nota que he publicado en Infobae se completa el panorama sobre la situación reinante en la actualidad, todo lo cual torna incierto el resultado de la investigación.
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