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| Revista Veintitrés - 26 Abr 2012 |
Los perjuicios por delitos económicos que sufren las
empresas se calculan en el 5% de los valores de las ventas totales. Son sumas
enormes que en su mayor parte las empresas las desconoce, pues quedan ocultan
en sus balances.
Los daños resultan mayores aún cuando se trata de delitos
reiterados cuya acumulación pueden poner en peligro la de la empresa.
Cuando los investigadores de fraudes realizamos nuestra
tarea, las compañías no dejan de sorprenderse de las sumas que pierden por los
fraudes que no lograban detectar, la magnitud de los daños puede llegar a cifras
insospechadas.
La creatividad no tiene límites y son muchas las formas
delictivas que se descubren, que en su mayoría se encuentran reprimidas en el
Código Penal, con penas de prisión que llegan a los 6 años cuando se trata de
fraudes de administración fraudulenta, vaciamiento de empresa o quiebra, o
hasta 2 años de prisión cuando se trata de balances o estados financieros falsos.
Un caso paradigmático de las últimas semanas se relaciona a
las sospechas de manejos irregulares en la petrolera YPF, que llevó a la
separación de sus directores y gerentes. A ello se le sumaron medidas
tendientes a resguardar la continuidad operativa de la empresa para asegurar el
aprovisionamiento de combustibles y gas.
Los fraudes y las crisis se encuentran íntimamente ligados,
pues la envergadura de los delitos que se cometen en algunas empresas las hacen
tambalear y en ocasiones hasta las ponen al borde de desaparecer.
También se registran de países en crisis o hasta regiones
con economías empresarias afectadas, que son caldo de cultivo para la proliferación de toda clase de delitos,
que se agudizan cuando los controles comienzan a relajarse. EEUU y Europa
vienen transitando este camino.
El despliegue de auditorías
de fraudes puede ser el remedio necesario para terminar con el flagelo.
Desde luego que cuando hay fraudes los procedimientos son diferentes a las
auditorías anuales. Detectar delitos es complejo, pero más importante aún es
conservar a buen resguardo las pruebas que serán utilizadas en las instancias
siguientes.
Las pruebas de los delitos de fraude pueden ser la base de
una simple negociación con los responsables, pero también son la evidencia
necesaria para un reclamo comercial o civil tendiente a conseguir el recupero
de lo defraudado.
La justicia criminal tiene sus propias reglas para darle
validez a las pruebas, de modo que no solo deben adoptarse recaudos especiales
cuando son encontradas, sino que hay reglas técnicas forenses en materia
contable que manejan los especialistas y su validez se comprueba al momento de llevar
adelante el juicio.
Hay empresas que llegan hasta las últimas consecuencias en
las investigaciones y no solo se interesan en separar a los responsables, sino
que aspiran a obtener resarcimiento económico y lograr las máximas condenas
penales de los involucrados.
Columna de opinión publicada en Revista Veintitres del 26/4/2012
Columna de opinión publicada en Revista Veintitres del 26/4/2012
